Cile-Uruguay: cooperazione giuridica contro i crimini del plan Condor

Pero las expectativas deben ser acompañadas de la máxima cautela, por dos razones: no es seguro que los tres procesados quieran cooperar y si lo hicieran no necesariamente se llegará hasta los máximos responsables de la muerte de Eugenio Berríos y de la red que establecieron los mandos militares para operativos de inteligencia, aun después de la vuelta a la democracia en sus respectivos países.

Los tres coroneles -uno en retiro y dos activos- que arribaron el martes pasado a Santiago han proclamado su inocencia y uno de ellos lo reafirmó a la prensa, poco antes de que el Presidente Tabaré Vásquez ordenara adelantar el viaje, previsto originalmente para el viernes último, ante el recrudecimiento de las presiones internas (entre las que no se descarta un atentado a bala en contra del juez Gustavo Mirabal, que sustanció la causa en la República Oriental). Los procesados, tanto de aquí como de allá, que han hablado con los periodistas parecen poco sólidos, erráticos e insuficientes en sus aseveraciones, algunas claramente contradictorias. Pero en algo sí pueden ser creíbles: en que como agentes de inteligencia estaban enterados de sólo una parte de una información compartimentada. Todos coinciden, por lo menos, en que se trató de una operación ordenada por sus superiores, mediante el conducto regular propio de las instituciones castrenses.

Berríos fue sacado de Punta Arenas hacia Río Gallegos el 26 de octubre de 1991 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), activándose el mecanismo de “control de bajas”, para impedir la comparecencia de agentes ante la justicia. El bioquímico fue citado por el ministro Adolfo Bañados en el proceso por el crimen de Orlando Letelier y apareció en un balneario uruguayo en octubre de 1992, cuando pidió auxilio a la policía, porque se le perseguía -dijo- para matarlo. Esta lo devolvió a sus presuntos captores y no se supo más de él hasta que su cuerpo apareció baleado en la cabeza el 13 de abril de 1995, en la playa El Pinar del mismo país. El que fuera agente de la DINA de Manuel Contreras estaba involucrado en el proyecto Andrea, para elaborar en Chile armas químicas y biológicas, las que se habrían utilizado en contra de opositores al régimen de Pinochet, entre ellos el ex Presidente Frei Montalva. Sugestivamente, cuando Pinochet visitó Uruguay como comandante en jefe del Ejército, en 1993, el encargado de su seguridad fue el coronel Tomás Casella, uno de los tres extraditados que el juez Alejandro Madrid ya interrogó en Santiago.

Se está así en la parte crucial de un juicio potencialmente explosivo, gracias a una extradición que en el país de Tabaré Vázquez creó fuerte resistencia no sólo de parte de la “familia militar”, sino al interior del oficialismo, por la pérdida de soberanía que implicaría el dictamen de la Corte Suprema uruguaya, según coincidieron antiguos guerrilleros tupamaros, hoy senadores y dirigentes de partidos democráticos de izquierda.

Lo que ocurrió con los tres coroneles extraditados debe verse en el contexto de una honda fisura que subyace en la conciencia colectiva de la sociedad uruguaya, la que en 1989 se pronunció a favor de la ley de caducidad con 57% de votos amarillos, contra 43% de votos verdes (por los colores de las papeletas usadas en el acto plebiscitario). Por dicha ley, aprobada dos años y medio antes por el Congreso, el Estado renunciaba a su pretensión punitiva en contra de los autores de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973-85. El Frente Amplio hizo de la derogación de la impunidad una de sus banderas de lucha, aunque antes de las elecciones presidenciales que lo llevaron al triunfo decidió no insistir en la nulidad por razones electorales. Ya en el Gobierno, la izquierda ha planteado al menos limitar la ley, por una interpretación que permita juzgar algunos casos en que participaron civiles o que están fuera del período dictatorial.

Es en este espíritu que la administración frenteamplista está alentando, dentro de la esfera de sus atribuciones ejecutivas, ciertas acciones del Poder Judicial. Por ejemplo, la acogida de exhortos de la justicia argentina en las causas que sigue para esclarecer los asesinatos, en su territorio jurisdiccional, de disidentes uruguayos. El Presidente Vázquez ordenó, apenas asumió, desclasificar documentos que muestran al Estado uruguayo como partícipe de la coordinación regional represiva, y al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, como involucrado en el tráfico de armas por el río de la Plata y en la colocación de agentes de inteligencia en cargos diplomáticos.

Como en Chile, algunos jueces se atreven a quitarle espacios a la impunidad, estimulados por el clima creado por las nuevas autoridades políticas, que sucedieron a cuatro gobiernos de centroderecha. Un tribunal uruguayo reactivó, el 30 de marzo, el expediente sobre el asesinato en 1976, en Buenos Aires, de dos legisladores y dos militantes tupamaros. La causa se había archivado por prescripción, pero la fiscalía penal apeló, y mantuvo el pedido de procesamiento contra el ex Presidente Juan María Bordaberry y su canciller Blanco.

Es iluso pensar que se esté verdaderamente en la activación de una suerte de dispositivo judicial anti-Cóndor. Las puntadas de las justicias de los Estados del Cono Sur pueden recoger varias hebras, pero no son sistemáticas. Por eso las preguntas pertinentes tienen que ser más bien puntuales. ¿Cuán lejos será capaz de llegar la justicia uruguaya, así como la argentina, en sus procesamientos y fallos condenatorios? En Chile, el juez Madrid tiene la cancha abierta, después del pase que se le hizo desde Montevideo en el caso Berríos, pero no todo dependerá de su celo. Las actuaciones de los defensores y diversos querellantes y, en definitiva, de los impredecibles árbitros serán también decisivas para que la contienda se resuelva no sólo a favor de la verdad, sino también en contra de la impunidad en las más altas esferas.